El valor fiscal de un inmueble es una cifra asignada por la Agencia Tributaria para calcular los impuestos relacionados con la propiedad, como en casos de compraventas, donaciones o herencias. Este valor es esencial para determinar la carga fiscal en diversas situaciones, por lo que conocerlo y calcularlo correctamente puede evitar problemas fiscales o sanciones inesperadas. En VDV Inmobiliaria te contamos cómo calcularlo y qué impuestos dependen de él.
El valor fiscal no debe confundirse con el valor catastral, aunque ambos están vinculados. Mientras que el valor catastral se refiere a una valoración técnica basada en características como la ubicación y el tamaño del inmueble, el valor fiscal busca reflejar de manera más precisa el precio de mercado de la propiedad. Este se calcula tomando en cuenta el valor de referencia de mercado estimado por el Catastro, considerando factores como el estado de conservación, antigüedad y transacciones recientes en la misma zona. Además, se aplica un factor corrector para asegurarse de que el valor fiscal no sobrepase el precio real del mercado.
Este valor es clave para la liquidación de impuestos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se aplica a las compraventas de viviendas de segunda mano, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en caso de ventas, y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se utiliza para calcular las cargas fiscales de las herencias. En todos estos casos, el valor fiscal se toma como la base mínima imponible. Si el precio de venta es inferior al valor fiscal, se utiliza este último; si es superior, se tributa sobre el precio real.
El valor fiscal de un inmueble puede consultarse a través de diversas plataformas oficiales de cada comunidad autónoma o en la sede electrónica del Catastro. En caso de discrepancias, es posible solicitar una revisión del valor fiscal asignado si se considera que no refleja adecuadamente el estado o características del inmueble.
El valor fiscal es crucial para el cálculo de impuestos y se utiliza como referencia mínima para las transacciones inmobiliarias, con la posibilidad de impugnarlo si no refleja la realidad del mercado.